Ajmechet y Lombardi quieren cerrar la Defensoría del Público porque ‘les molesta’


Diputado nacional Hernn Lombardi de Juntos por el Cambio
Diputado nacional Hernán Lombardi, de Juntos por el Cambio.

La diputada nacional Florencia Lampreabe, del Frente de Todos, cuestionó un proyecto de ley enviado a la Cámara baja por sus pares Sabrina Ajmechet y Hernán Lombardi, de Juntos por el Cambio, ambos del PRO, con el que proponen cerrar la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

«¿Cómo no les va a molestar un organismo que defiende el Derecho a la comunicación si son enemigos de la verdad?», cargó Lampreabe, vicepresidenta 2° de la comisión de Comisión de Comunicaciones e Informática, desde su cuenta de Twitter.

La legisladora del FdT se refirió también a la reciente aprobación en Diputados del proyecto que prorroga por 50 años las asignaciones específicas a actividades y organismos relacionados con la difusión de la lectura, el cine, la música y el teatro, y aludió a que la actividad de la Defensoría del Público se financia con esos fondos de acuerdo al artículo 19 de la ley 26522 (Ley de Medios).

En cuanto al objetivo de los dos legisladores del JxC de cerrar la Defensoría, Lambreabe planteó que los propios dichos de Ajmechet reflejan que la resistencia de sectores de JxC a la renovación de las asignaciones específicas no se debía al plazo de 50 años sino a que «quieren eliminar organismos que financian esas asignaciones», según advirtió.

«¿Vieron que era mentira lo del plazo? Quieren eliminar organismos que financian esas Asignaciones Específicas», insistió en ese punto.

En otro tramo del tuit, la diputada del oficialismo señaló: «Dicen que (cerrarían el organismo) por superposición de estructuras pero Lombardi impulsó la redacción paralela de Télam; que la Defensoría persigue pero no tiene capacidad punitiva. Todo así».

Luego, en declaraciones a esta agencia, Lambreabe aseguró que a los autores del proyecto y a quienes los apoyan «les molesta que se visibilice la forma en la que se comunica en los grandes medios, de otro modo no se comprende», al referirse a la acción de la Defensoría del Público.

«Meten causas judiciales, persiguen con los cañones mediáticos, y han despedido gente a mansalva, muchos acusados de ‘militantes'», agregó la legisladora del oficialismo al cuestionar la iniciativa de sus pares del PRO.

Ajmechet, más temprano, había informado desde Twitter su intención de cerrar la Defensoría del Pueblo promoviendo un proyecto con ese fin en el Congreso.

«Queremos terminar con un organismo destinado a ejercer la censura y a perseguir a quienes piensan diferente. Es por eso que con Hernán Lombardi y otros diputados de JxC presentamos un proyecto para cerrar la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual», posteó.

Para fundamentar su proyecto, Ajmechet manifestó que «la Defensoría se creó con la Ley de Medios. Su principal función es recibir denuncias pero no tiene capacidad punitiva: sólo realiza recomendaciones. Para eso ya existe el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) que, además, sí tiene la facultad de penar».

Y agregó que el organismo «también tiene funciones superpuestas con la Defensoría del Pueblo y con el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Para eso tiene un presupuesto de 600 millones de pesos. Tiene más de 100 empleados, sus investigadores elegidos a dedo ganan más que los investigadores de carrera del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)».

Según Ajmechet, «desde su creación lo único que ha hecho es señalar a quienes tienen una opinión distinta a la de ellos y emitir recomendaciones sobre cómo los medios tienen que tratar determinados temas: esto va en contra de la libertad».

«Esto no es un gasto en cultura, es un gasto en censura. Por eso proponemos cerrar la Defensoría del Público Audiovisual y utilizar los 600 millones que tiene de presupuesto para comprar libros actualizados para las bibliotecas públicas que existen a lo largo de la Argentina», dijo la legisladora del PRO.

La Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual es un organismo público creado por la ley 26522 y sus autoridades son designadas por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.

Su función es recibir, canalizar y dar seguimiento a las consultas, reclamos y denuncias de las audiencias de radio y televisión respecto a los contenidos y programación, y lo mismo respecto de otros medios regulados por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En mayo de 2020 la Bicameral designó como presidenta del organismo a la periodista Miriam Lewin.

Las actividades de la Defensoría se financian con asignaciones específicas que están previstas en el artículo 19 de la misma ley 26522.





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