Juicio de la Masacre Napalpí
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El juicio oral y público por la verdad de la denominada Masacre de Napalpí continuó este jueves con las declaraciones testimoniales de historiadores y antropólogos en el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el predio de la exEsma, quienes coincidieron en que el genocidio fue parte de «un proyecto sistemático» por parte del Estado argentino para «invisibilizar y explotar laboralmente a los indígenas».
«Había una relación de servidumbre de los indígenas. Donde el Estado se los entregaba a los empresarios y se armaba un circuito económico. La reducciones indígenas eran un engranaje más que permitía extraer esos recursos y aprovechar esas fuerzas productivas», sostuvo el historiador Mariano Nagy en su testimonio.
En las audiencias, que iniciaron a las 9.10, el tribunal tomó además la declaración a la antropóloga Silvina Turner, la documentalista e investigadora Valeria Mapelman, el antropólogo Héctor Trinchero, el profesor la antropóloga Diana Lenton. Y más tarde se prevé que brinde su testimonio el exministro de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni.
El juicio oral comenzó el pasado 19 de abril, Día de la Reafirmación de los Derechos de Pueblos Originarios, en Resistencia, y ya lleva cuatro jornadas realizadas a la fecha, con audiencias semanales
El objetivo de este proceso, primero en su tipo a nivel nacional, es el de avanzar en una reparación histórica por crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado perpetrados el 19 de julio de 1924 en el entonces territorio nacional de Chaco, en cercanías a las localidades de Quitilipi y Machagai en la zona central de la provincia.
Según se informó durante el juicio, si bien no tiene consecuencias penales, se trata de una búsqueda de la verdad y tiene como finalidad «la reivindicación de la memoria de los pueblos indígenas, y la reactivación de la confianza en la sociedad en los derechos humanos».
El juicio oral comenzó el pasado 19 de abril, Día de la Reafirmación de los Derechos de Pueblos Originarios, en Resistencia, y ya lleva cuatro jornadas realizadas a la fecha, con audiencias semanales. La última de ellas tuvo lugar el martes pasado en la Casa de las Culturas de Machagai, en el interior de Chaco, a 127 kilómetros de la capital provincial, con el objetivo de acercar el proceso a las comunidades originarias.
Durante las audiencias se proyectaron entrevistas a los sobrevivientes -ya fallecidos- Melitona Enrique y Rosa Chará, que aportaron sus voces en registros grabados años atrás por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Chaco
Por su parte, la antropóloga Diana Lenton, consideró que el genocidio contra los pueblos originarios «continúa», no sólo por «las huellas traumáticas de la violencia» sino que también porque «se sigue reproduciendo una política activa e ideológica de olvido».
«La ciudadanía argentina ha sido privada de lo que ha pasado. Un pueblo no puede sobrevivir sino puede transmitir su cultura y su identidad, el despojo del idioma, la separación del grupo y no saber identificarse es parte de un proyecto sistemático para minar su capacidad de resistencia», subrayó Lenton.
En esta línea, la documentalista e investigadora Valeria Mapelman, explicó que la violencia por parte de las fuerzas represivas se producían cuando los grupos indígenas se negaban a ser «reducidos».
La jueza Zunilda Niremperger, a cargo de este juicio, aclaró que el objetivo del debate es «reconstruir y conocer la verdad histórica» a través de la prueba aportada por la fiscalía sobre esta matanza perpetrada hace 98 años
Durante las audiencias se proyectaron entrevistas a los sobrevivientes -ya fallecidos- Melitona Enrique y Rosa Chará, que aportaron sus voces en registros grabados años atrás por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Chaco.
Asimismo, en la audiencia de este jueves, la antropóloga forense Silvia Turner, enseñó a los presentes las excavaciones llevadas a cabo en el sitio de la masacre.
Si bien reconoció que «los resultados obtenidos pueden no responder a las expectativas» esto no cuestiona «los testimonios ni la información que indica estos entierros».
«El eje primordial y final de esto es activar la memoria y crear de forma colectiva una conciencia ciudadana que nos permita a todas y todos comprender las graves violaciones hacia los derechos humanos que se cometieron para que esta historia no vuelva a repetirse», afirmó la secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, Silvana Pérez, en declaraciones a Télam.
El objetivo de este proceso, primero en su tipo a nivel nacional, es el de avanzar en una reparación histórica por crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado perpetrados el 19 de julio de 1924 en el entonces territorio nacional de Chaco
En esta misma línea, la subsecretaria de Derechos Humanos de esa provincia, Nayla Bosch, remarcó que «el derecho a la verdad y al acceso a la justicia no puede denegarse» y subrayó: «Se trata de una deuda histórica».
La de este jueves será la segunda audiencia que se realiza en el predio de la ex Esma, donde el martes brindaron sus testimonios el sociólogo Marcelo Musante, el historiador Nicolás Íñigo Carrera, la antropóloga Lena Davila, el historiador Alejandro Covello, las archivistas Alejandra Aragón y Eva Nazar Gaule y el arquitecto y antropólogo Carlos Salamanca.
La jueza Zunilda Niremperger, a cargo de este juicio, aclaró que el objetivo del debate es «reconstruir y conocer la verdad histórica» a través de la prueba aportada por la fiscalía sobre esta matanza perpetrada hace 98 años en la zona central de Chaco, que por entonces era un Territorio Nacional.