‘Todo funciona exactamente igual’, advirtió un juez


La villa 11114 desde hace 20 aos mantiene hoy su estructura exactamente igual Foto Archivo
La villa 1-11-14 desde hace 20 años mantiene hoy su estructura «exactamente igual». Foto: Archivo

Un juez advirtió que la narcobanda del detenido Marco Estrada González que controla la villa 1-11-14 desde hace 20 años mantiene su estructura «exactamente igual», a pesar de los operativos de las fuerzas de seguridad e incluso alertó que sus integrantes van «ocupando» nuevos inmuebles en el centro neurálgico del asentamiento, desde donde despliegan «el comercio de droga a gran escala y el narcomenudeo».

La radiografía narco, con detalles en la estructura piramidal, el radio de acción y el poder de fuego, fue reflejada por el juez federal Ariel Lijo en una resolución de 427 fojas, en la que procesó con prisión preventiva a seis de sus presuntos integrantes que habían sido detenidos el pasado 1 de abril, entre ellos Ulises Romero Godoy, apodado «Pitufo», uno de los últimos organizadores de la banda tras la detención de «Marcos».

«Nuevamente me convoca expedirme en esta oportunidad respecto a la situación procesal de personas que, de uno u otro modo, participaron activamente de la empresa criminal montada a los efectos llevar a cabo tráfico de estupefacientes, aunque también emparentada con otros delitos conexos», señaló, con cierto desánimo, el magistrado, en el escrito al que tuvo acceso Télam.

Y agregó, en el mismo tono, que lo expresado en la resolución «no es más que una repetición de lo escrito» en los procesamientos de otros integrantes de la organización del 13 de octubre del año pasado, al tiempo que insistió que «hoy todo sigue transcurriendo exactamente igual, con más menos personajes y nuevos sitios tomados por la organización».

«Nuevamente me convoca expedirme en esta oportunidad respecto a la situación procesal de personas que, de uno u otro modo, participaron activamente de la empresa criminal montada a los efectos llevar a cabo tráfico de estupefacientes»

La narcobanda a la que hace referencia el juez Lijo comenzó a ser investigada en 1999 en la villa 1-11-14 del Bajo Flores con la llegada de «Marcos», quien se convirtió en el «hombre fuerte» de la venta de drogas.

Desde entonces, los investigadores le adjudican a la organización al menos un centenar de hechos de venta de cocaína, marihuana, pasta base o paco, aprietes a vecinos, ajustes de cuentas y otros episodios delictivos.

Además, estimaron en 900 mil pesos la recaudación diaria por la comercialización de estupefacientes.

Según la última resolución del juez Lijo, la cantidad de integrantes de la estructura criminal «superaría ampliamente las cien» personas, mayormente de nacionalidad peruana.

De acuerdo a la investigación realizada por la Policía Federal a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano; del titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias; y de su secretario, Matías Alvarez; la banda está enquistada en el sector conocido «De los Peruanos» de la villa 1-11-14, que comprende desde la manzana 13 a la 24, y se identificó uno de los principales puntos de venta de las drogas a «El Corralón», ubicado en la calle 2 y la calle San Juan.

El relevamiento policial determinó que otro de los kioscos es «La Quema, emplazada en la calle 2 y Oceanía, y el restante está en Oceanía y Bolívar, en la vía pública.

Los investigadores le adjudican a la organizacin al menos un centenar de hechos de venta de cocana Foto Archivo
Los investigadores le adjudican a la organización al menos un centenar de hechos de venta de cocaína. Foto: Archivo

Sin embargo, tras ser identificados esos tres puntos de venta, los organizadores de la narcobanda se mudaron a otros sectores donde, ahora, comercializan los estupefacientes, siempre bajo un férreo operativo de seguridad que incluye a los denominados «soldaditos», «satélites» y «chalecos» que realizan anillos de vigilancia para advertir la llegada de las fuerzas de seguridad.

Para el juez, «la alteración de los puntos de venta se debe especialmente a modificaciones en el terreno y la presencia de Gendarmería Nacional, que realiza patrullajes y diferentes procedimientos por la zona, lo que hace que se hayan ido mudando, pero siempre dentro de la zona de dominio».

En la resolución, Lijo explicó que la banda montó «una compleja estructura eficazmente coordinada para desplegar todos los movimientos necesarios para el comercio de droga a gran escala y también la distribución minorista», y que la zona donde la organización actúa «no es azarosa».

Es que el sector «De los Peruanos» es el centro neurálgico de la villa 1-11-14 y, según se logró establecer en la pesquisa, los integrantes de la banda ocuparon «una vasta cantidad de inmuebles, habitaciones o sectores» que son utilizados como residencia, en algunos casos, pero también para el fraccionamiento y acondicionamiento de la droga o hasta para el escondite de la misma.

«Sobran constancias de procedimientos como allanamientos materializados en este específico sector de la villa 1-11-14, en los que se produjeran secuestros de drogas de gran envergadura»

Además, los pesquisas creen que los narcos aprovechan la arquitectura del asentamiento, sus pasillos, pasadizos y terrazas intercomunicadas para «entorpecer la labor de prevención y facilitar huidas» cuando se desarrollan los operativos diseñados por las fuerzas de seguridad.

«Sobran constancias de procedimientos como allanamientos materializados en este específico sector de la villa 1-11-14, en los que se produjeran secuestros de drogas de gran envergadura, sin hallarse en la mayoría de los casos personas en el interior de tales sitios», dijo el juez.

Según la resolución, «Pitufo» Romero Godoy fue procesado como «organizador de una cadena destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en el que intervinieran más de tres personas; coautor del delito de acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones; y autor del delito de desobediencia a funcionario público» y se le trabó un embargo de sus bienes en 5 millones de pesos.

También fueron procesados Jhnoy Auza Aquice, Dustin Luis Paucar Cochachi, Luis Antonio Gamarra Gómez, José Cristian Choque López, Jesús Alberto Ramos Pizarro y Raquel Francisca Balboa, a quienes se les trabó un embargo de 3.500.000 pesos.





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