Concluyen las indagatorias a exfuncionarios de AFI en causa por ‘mesa judicial’ bonaerense


Indagarn a los dos ltimos exfuncionarios de la AFI que concurrieron a una reunin en la sede portea de Banco Provincia el 15 de junio de 2017 en la cual se habl de impulsar causas judiciales contra el gremialista Juan Pablo Pata Medina
Indagarán a los dos últimos exfuncionarios de la AFI, que concurrieron a una reunión en la sede porteña de Banco Provincia el 15 de junio de 2017, en la cual se habló de impulsar causas judiciales contra el gremialista Juan Pablo «Pata» Medina

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak tomará esta semana declaración indagatoria a los dos últimos exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que concurrieron a una reunión en la sede porteña de Banco Provincia el 15 de junio de 2017, en la cual se habló de impulsar causas judiciales contra el gremialista Juan Pablo «Pata» Medina.

Los citados son el exdirector de Asuntos Jurídicos del organismo Juan Sebastián Destéfano, para el próximo martes 29 de marzo, y el exdirector de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, para el 31 de ese mismo mes.

Ambos fueron relevados ya de su obligación de guardar secreto.

El primer exfuncionario de la AFI en ser indagado fue Dario Biorci, el exsubjefe de gabinete en la gestión de Gustavo Arribas como titular y Silvia Majdalani como segunda en el organismo de inteligencia durante la presidencia de Mauricio Macri

Biorci se presentó el viernes último en el juzgado de La Plata y, en un breve trámite de indagatoria, se negó a declarar y sólo manifestó para que conste en actas que estuvo presente ese día en la sede del Banco Provincia en el encuentro con empresarios de la construcción de La Plata y funcionarios de la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Con la declaración indagatoria de Dalmau Pereyra concluirá el listado de citaciones ordenadas en febrero por el magistrado, aunque habrá que reprogramar la del senador provincial Juan Pablo Allan, suspendida a la espera de resolución de un pedido de desafuero.

Kreplak ya indagó a 13 de los 14 imputados, todos los asistentes a esa reunión en la entidad bancaria que fue grabada por la AFI y cuyos registros halló la actual interventora del organismo, Cristina Caamaño, quien presentó la denuncia penal.

Los empresarios que asistieron a la reunión presentaron escritos y, en su mayoría, se negaron a responder preguntas.

En sus descargos coincidieron en que fueron convocados por el entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, primer imputado del caso, a un encuentro «institucional», que no supieron que estabas siendo grabados y que no conocían a todos los presentes.

«Creeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría», se escuchó decir a Villegas en la filmación del encuentro.

El contenido de ese video, aparentemente grabado sin el consentimiento de quienes asistieron a aquella reunión, se investiga ahora como parte de un supuesto armado ilegal para perjudicar a Medina y a otros dirigentes de la Uocra La Plata.

Los empresarios ya indagados son Ricardo Alconada Magliano, Guillermo Moretto, Jorge Oscar Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski.

Además se indagó a los exfuncionarios Villegas, al exministro de Infraestructura provincial Roberto Gigante, al exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi y al intendente de La Plata, Julio Garro.

En el expediente se investiga el supuesto armado de causas contra sindicalistas, pero también posibles violaciones a la ley de inteligencia dado que de aquel encuentro que fue ilegalmente grabado participaron espías de la AFI.

En la causa se investiga «el diseño y puesta en práctica de una estrategia -decidida o autorizada a niveles superiores del Gobierno nacional y provincial- dirigida a judicializar la situación del conflicto existente en torno al accionar de Uocra la seccional la Plata o de su Secretario General y allegados», durante el año 2017, según surge del expediente.

En ese contexto, «se habrían producido distintas actividades de inteligencia prohibida legalmente, tales como la realización de tareas de campo y la consulta de diversas bases de datos sin orden judicial que lo habilite por parte de agentes de la agencia Federal de inteligencia nacional cuyo producido fue luego utilizado por funcionarios de esa misma agencia para la generación de informes».





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