Pidieron que se prohíba salir del país a tres acusados de abusar de una menor en un camping


El presunto abuso sexual de una adolescente de 14 aos en un camping de Miramar ocurrido en 2019
El presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años en un camping de Miramar ocurrido en 2019

La fiscal que interviene en la causa por el presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años en un camping de la localidad balnearia de Miramar, pidió que los tres jóvenes acusados del hecho no puedan salir del país, luego de que el Tribunal de Casación Penal bonaerense anulara el veredicto y el juicio por jurados en el que habían sido declarados «no culpables» y ordenara la realización de un nuevo proceso, informaron fuentes judiciales.

Ana María Caro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Miramar, solicitó esta restricción para Lucas Pitman (24), Tomás Jaime (26) y Juan Cruz Villalba (25), denunciados por el hecho, ocurrido durante los festejos de Año Nuevo de 2019.

Caro realizó este pedido ante el Tribunal Oral en lo Criminal 3 (TOC 3) de Mar del Plata, que tuvo a su cargo el juicio por jurados que el último 17 de septiembre declaró «no culpables» a los imputados, y que según el reciente fallo de Casación deberá realizar uno nuevo.

La Sala III del tribunal, integrada por los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Violini, hizo lugar el último jueves a un planteo presentado por los abogados de la víctima y consideró que en el proceso llevado a cabo hubo «un claro avasallamiento a los derechos» de la joven.

Los magistrados dispusieron la nulidad del juicio por jurados que tras cuatro jornadas de audiencias en el teatro Auditorium determinó que Pitman, Jaime y Villalba no eran responsables penalmente del delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas» por el que estaban imputados.

Hacia un nuevo juicio

En ese sentido, ordenaron que se lleve adelante un nuevo proceso bajo el mismo formato, pero a partir de la conformación de un jurado ciudadano con nuevos integrantes, aunque la familia de la víctima pedirá que sean juzgados por un «tribunal técnico».

El juicio por jurados realizado y el veredicto obtenido había motivado un recurso de queja por parte de los abogados de la menor, Maximiliano Orsini y Juan Pablo Gallego, quienes consideraron que presentaba una «insalvable nulidad».

Entre los cuestionamientos planteados, los abogados subrayaban en su recurso la no intervención «necesaria en el juicio» de la asesora de Menores e Incapaces, «a la que se le negó su participación esencial» durante la declaración de la víctima «en condiciones de grave indefensión».

Al respecto, los jueces de la Sala III sostuvieron que «sin lugar a dudas», la decisión del TOC 3 de «negar intervención» a la asesora «ha supuesto un claro avasallamiento a los derechos reconocidos a la joven víctima a contar con la asistencia especializada».

Martín Bernat, abogado de uno de los acusados, consideró que el fallo de Casación es «de una gravedad institucional inédita, porque va en contra de un veredicto popular», y aseguró que interpondrá un recurso ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Respecto de la medida cautelar pedida por la fiscal, aseguró en tanto que expresará su rechazo ante el tribunal oral.

De acuerdo con la instrucción del caso, que estuvo a cargo de la fiscal Florencia Salas, Pitman, Jaime y Villalba fueron acusados de haber abusado sexualmente de la adolescente entre las 4 y las 6 del 1 de enero de 2019 en el Camping «El Durazno», ubicado sobre la ruta 11 en el ingreso a Miramar, aprovechándose de la edad» de ella y de que «no podía consentir libremente el accionar».

Los imputados fueron detenidos tras una denuncia radicada por la menor, junto a su madre, en la Comisaría de la Mujer de Miramar, y estuvieron alojados en la Unidad Penal 44 de Batán hasta el 3 de mayo de 2019, cuando se les otorgó el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Esa morigeración quedó sin efecto días antes del juicio, a partir de un pedido de la familia de la adolescente, que solicitó que fueran excarcelados para evitar que siguieran computando tiempo como parte de una eventual sentencia.





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